La inmigración en los países de la Unión Europea es un fenómeno de enormes proporciones, el informe de la Eurostat (oficina de estadística de la UE)  de fecha 7 de setiembre de 2010 establece que un 6’4% de la población total de la Unión son ciudadanos migrados, indicándose que  el 37% de los ciudadanos extranjeros de los países de la UE provienen de otros Estados miembros y el resto, 63%, son de países terceros. Desde el año 2002 se registran todos los años entre 1,5 y 2 millones de nuevas llegadas a la UE y a día de hoy, según el citado informe, residen en la Unión  31,9 millones de personas migradas y de éstos  19.916.200 proceden de terceros países.

Europa es el primer continente en presencia de extranjeros. En 2005, el viejo mundo acogió al 34% de los migrados, casi 56 millones, incluida la antigua Unión Soviética. En ese mismo periodo y a nivel mundial, la presencia de extranjeros se repartía de este modo: América del Norte el 23% (40,8 millones), Asia el 28% (4,9 millones), África el 9% (16,3 millones) y América Latina el 3% (5,9 millones).

En España, según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, el total de residentes a 1 de enero de 2009 era de 46.661.950 habitantes, de este total el 41.063.259 eran personas de nacionalidad española y el resto 5.598.691 eran extranjeros, lo que representa el 12,0% del total de ciudadanos registrados. Según  INE, desde 1998 el colectivo de extranjeros ha aumentado en un 650% y en este periodo de tiempo el fenómeno de la inmigración en nuestro país ha ido involucrando cada vez a más número de personas, convirtiéndose en un fenómeno cada vez más complejo, diversificado y difícil de gestionar.

La misma fuente indicaba que los extranjeros residentes pertenecientes a la UE-27 sumaban 2.266.808, destacando dentro de estos, los ciudadanos rumanos (796.576), los del Reino Unido (374.600) y los alemanes (190.584). Entre los no comunitarios los más numerosos eran marroquíes (710.401),  ecuatorianos (413.715) y colombianos (292.971).

Dentro del fenómeno migratorio se localiza la inmigración clandestina que, naturalmente, es la más preocupante sobre todo por el hecho de que este tipo de tráfico de personas se encuentra en manos de importantes organizaciones criminales que consiguen grandes beneficios gracias a este mercado y las perspectivas, si esto no se soluciona de inmediato, no son nada halagüeñas. La Red Acoge,  organización declarada de Utilidad Pública el 18- 2- 2010, es la única que en España ha realizado una estimación sobre el número total de ciudadanos en situación irregular cruzando datos del padrón (residentes legales) con las tarjetas  sanitarias concedidas y, a finales de 2009 se calculaba que, en nuestro país, había "al menos 800.000” personas inmigrantes en situación irregular.

En cuanto a ciudadanos comunitarios,  hoy en día, casi doce millones (11.944.200)  ejercen su derecho a circular y residir libremente viviendo en otro Estado miembro de la Unión. La libre circulación de los ciudadanos constituye una de las libertades fundamentales del mercado interior y es el núcleo del proyecto europeo. Tanto es así que con la directiva 2004/38/CE  se codificaron y revisaron las herramientas comunitarias existentes para simplificar y reforzar el derecho a la libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión y de sus familiares. En líneas generales, la Comisión recuerda que hay que interpretar y aplicar la directiva de conformidad con los derechos fundamentales y en concreto el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el principio de no discriminación, los derechos de los menores y el derecho a la tutela judicial efectiva garantizados por la Convención europea de derechos humanos y ratificados por la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.

No obstante, el derecho a circular libremente dentro de la UE no es ilimitado y conlleva algunas obligaciones para sus beneficiarios como es la de respetar las leyes del país de acogida, así se ha regulado la entrada y permanencia de los extranjeros, con un entresijo de normas que se han ido sucediendo y superponiendo a lo largo de los años.

En este escenario, es necesario que todos los organismos implicados: administraciones públicas nacionales, autonómica y locales junto a cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cooperen en la difícil tarea de gestión de este fenómeno, creando unas sinergias y colaboraciones indispensables.

En estos últimos años la mayor parte de las administraciones se han tenido que enfrentar a la siempre creciente necesidad de salvaguardar la “seguridad urbana y del territorio”. Entre las nuevas tareas de las policías locales, de vital importancia para nuestras administraciones locales, se encuentra la de lidiar con los fenómenos criminales relacionados con los extranjeros.

El derecho a residir en territorio español de los ciudadanos de la Unión Europea o del EEE por un período superior a tres meses, se reguló en el Real Decreto 240/2007, estableciéndose la obligación de los interesados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendían permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

En este contexto, a pesar de todas las dificultades operativas, para traducir las intenciones en hechos concretos y sobre todo para aplicar las normas que se van aprobando a este respecto, tendremos que ser capaces de realizar un control efectivo de los documentos de identidad con el objeto de identificar con exactitud a la persona en cuestión, comprobar la legitimidad de su presencia y de su permanencia en España y saber actuar siempre en consecuencia.

De manera genérica y en lo que respecta a los extranjeros, debemos ser capaces de averiguar su identidad y el objetivo y las condiciones de su estancia, sus medios de subsistencia, si son suficientes en relación con la duración de la estancia y para retornar a su país de origen. Sólo de esta forma podremos actuar ante  el fenómeno migratorio, tanto regular como irregular.

Así pues, el principal problema reside en identificar a la persona en cuestión a través de sus documentos, con la suficiente certeza que permita  poder detectar las posibles falsificaciones.

La falsificación de documentos tiene orígenes muy remotos pero sólo en la edad moderna se ha alcanzado un desarrollo y una perfección tal que asistimos a una verdadera competición de astucia y sofisticación entre los falsificadores y los medios físicos y técnicos de que disponemos para descubrirlos.

Los falsificadores se aprovechan del progreso de la ciencia para disponer de medios cada vez más sofisticados pero al mismo tiempo este progreso es útil para aquellos que, como las fuerzas de seguridad, deben combatir este fenómeno criminal.

Con la informática cualquiera, incluso con escasa formación y conocimientos técnicos, puede dedicarse a la falsificación. La existencia de  programas con los que es posible crear, copiar o modificar con pasmosa facilidad cualquier tipo de imagen y, por tanto, dar forma a todo tipo de documentos ya sea con una discreta, o a veces óptima, factura y definición. Pero éste no es el único problema, este fenómeno está tan difundido que hay quien encima, alegremente, vende “cualquier papel” como documento de identidad con tal de que lleve una fotografía y quien no tiene mejor cosa que hacer que inventarse y crear su propio documento, incluso con una forma, color y contenido completamente diferentes del original. España en el año 2000 vivió un caso muy paricular cuando un ciudadano de Almería se proclamó Excelentísimo Regente del Principado de Seeland, instalando la sede de la Embajada en la calle de Serrano de Madrid donde ondeaba  la bandera roja, blanca y negra del principado independiente de Sealand, este regente comercializó todo tipo de documentos como pasaportes, títulos nobiliarios, permisos de conducción, etc. hasta su detención por las fuerzas y cuerpos de Seguridad

Quizas ha llegado el momento de enfocar el fenómeno de otra forma más profesional, puesto que las técnicas y herramientas necesarias para combatir esta realidad criminal ya existen y están a disposición de todos, sólo hace falta la voluntad de poner en marcha proyectos serios que hagan posible responder a las exigencias operativas.

Para esto, en el ámbito de un proyecto más amplio de formación, de conocimiento  y de adquisición de herramientas para el control de documentos, ha nacido este manual, dirigido principalmente al personal de las Fuerzas de Seguridad  y de las administraciones.

No se trata de un texto más sobre extranjeros sino de un cómodo manual que puede responder a las muchas de las preguntas que suelen surgir cuando hay que realizar cualquiera  de las muchas tareas que con ocasión, por ejemplo, de un control de una patrulla de trafico, el control de la policía judicial o administrativa o a la hora de realizar una inscripción en el padrón. Todos los funcionarios de policía y empleados de la administración se encuentran, cada día, ante la dificultad de tener que identificar a personas mediante el control de sus documentos ya que se trata de una obligación que no se puede ser evitada al estar prevista por las normas nacionales e internacionales que regulan todas nuestras actividades.

Normalmente los problemas de identificación no se plantean si se trata de un ciudadano español, suelen iniciarse cuando tenemos personas extranjeras (comunitarias o supracomunitarias), ese es el drama, a menudo surge un sentimiento de incertidumbre o desasosiego más absoluto, ¿y ahora qué?

Con un grado importante de desonfianza se cogen esas hojas o esas tarjetas y se leen, la mayoría de las veces sin entender la información que nos transmiten o dando por sentado que lo que se muestra es un documento válido y auténtico y que la persona que se tiene  delante es su titular. La mayor parte de las veces no conocemos la naturaleza jurídica del documento que nos muestran, ni su capacidad legal para ser usado como documento de identificación.

De hecho y como se ha dicho ya varias ocasiones, en España no existe todavía una verdadera cultura del control de documentos. Sólo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y, más recientemente, los de Madrid y Londres, tanto los gobiernos como nuestras administraciones han comprendido la necesidad de adoptar un enfoque más serio y eficaz para la identificación de las personas mediante el control de los documentos.

La inmigración en Europa y en nuestro país crece a un ritmo vertiginoso y ya no podemos limitarnos a afrontar este fenómeno de forma aproximada sino que tenemos la obligación de utilizar todas las herramientas que nos sean útiles para comprobar la identidad de las personas y la autenticidad de sus documentos y, a partir de ahí, actuar en consecuencia.

Es otro de los motivos para la creación de este manual, dar respuestas y aumentar las posibilidades de identificar con exactitud a la persona que vayamos a controlar, comprobando la legitimidad de su presencia y permanencia en España pero sin tecnicismos inútiles y sin citas jurídicas. La idea es poder responder siempre a dos preguntas muy simples: “qué  hacer y cómo  hacerlo”.

Por eso hemos optado por dividir los temas en prácticas fichas, organizadas de forma cronológica, desde la entrada del extranjero, al control de sus documentos; todo en un cómodo y práctico manual sobre el control de documentos junto con un repertorio de documentos de identificación divididos por países.